Porqué se discute la geoingeniería en ANUM-4 y cómo debe responder la sociedad civil

Photo by Babak Fakhamzadeh

Por Grupo ETC y Fundación Heinrich Böll

Ha pasado casi una década después de que el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) estableció una moratoria sobre todas las actividades relacionadas con la geoingeniería en 2010, y varios años desde la decisión de las partes del Protocolo de Londres / Convenio de Londres sobre la prohibición de la fertilización oceánica y otras técnicas que pueden considerarse geoingeniería marina.

Ahora la geoingeniería está en la agenda de otro organismo de Naciones Unidas: la Asamblea para el Medio Ambiente, ANUMA-4.

En la Cuarta Sesión de la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en Nairobi, Kenia, del 11 al 15 de marzo de 2019, Suiza presentó un proyecto de resolución sobre la gobernanza global de la geoingeniería, apoyado por los miembros del EIG por las siglas en inglés del Grupo de Integridad Ambiental, un bloque de negociación dentro del Convenio Marco de la ONU sobre Cambio Climático, integrado por Corea del Sur, México, Liechtenstein, Mónaco y Georgia. Otros Estados miembro respaldaron el proyecto de resolución: Burkina Faso, los Estados Federados de Micronesia, Mali, la República del Níger, Senegal, Montenegro y Nueva Zelanda.

La resolución del gobierno de Suiza llama a una evaluación del estado de las técnicas de geoingeniería y de los potenciales marcos para la gobernanza de cada tecnología. Se supone que un grupo independiente de expertos Ad Hoc debe “aconsejar al director ejecutivo sobre el desarrollo de la mencionada evaluación.” (Traducción nuestra).

La evaluación debe entregarse en agosto de 2020 y se espera que brinde a la ANUMA y a otros organismos internacionales la base para decisiones futuras sobre mecanismos regulatorios.

Como parte de la sociedad civil internacional que se opone firmemente a la idea de la ingeniería planetaria bajo el argumento de que con ella se puede enfrentar el cambio climático, consideramos que las versiones actuales del proyecto de resolución sobre la gobernanza del gobierno suizo son muy preocupantes. Si se adopta, esta resolución sobre la gobernanza podría poner al planeta en ruta hacia la geoingeniería como hecho consumado.

La cuestión de la gobernanza no debe servir para evitar la discusión sobre si deben desarrollarse técnicas de geoingeniería sumamente riesgosas y potencialmente devastadoras, de hecho, esa debería ser la discusión primera y más importante. En otras palabras: la “gobernanza” no debe entenderse como el gobierno (control) del despliegue y la implementación de las técnicas de geoingeniería, sino que necesita incluir la posibilidad de una prohibición internacional.

Hay posibilidades importantes de que los experimentos y el despliegue de la geoingeniería empeoren la crisis climática, tanto por sus potenciales impactos como porque brinda una justificación para que los principales Estados contaminantes continúen emitiendo gases con efecto invernadero, demorando la reducción real de sus emisiones.

El reciente informe “Fuel to the Fire: How Geoengineering Threatens to Entrench Fossil Fuels and Accelerate the Climate Crisis” (Combustible al fuego: cómo la geoingeniería amenaza con afianzar los combustibles fósiles y acelerar la crisis del clima), escrito por el Centro Internacional de Derecho Ambiental (CIEL), expone los vínculos entre la industria petrolera y los promotores de la geoingeniería, y explica cómo la profusa propaganda de que la geoingeniería se necesita para enfrentar el cambio climático está minando los objetivos de mejoramiento del clima al tiempo que afianzará por más décadas la infraestructura y la dependencia del petróleo.

Para decirlo claramente: en el Monitor de Geoingeniería nos pronunciamos por una prohibición de la geoingeniería, debido a su naturaleza global y transfronteriza, a sus altos riesgos y sus graves impactos potenciales, por lo cual se necesita un mecanismo multilateral, robusto y responsable, para sostener la prohibición. También consideramos que Naciones Unidas es la única institución adecuada para asumir el tema de la gobernanza de la geoingeniería.

Para cualquier discusión sobre la gobernanza de la geoingeniería, es crucial que sus objetivos, criterios y procesos hacia un mecanismo global sean claros. Para que la discusión sobre la gobernanza de la geoingeniería sea legítima, debe basarse en deliberaciones multilaterales, transparentes y responsables, en las cuales todos los gobiernos puedan participar libremente de forma democrática, abiertos al escrutinio público y con total participación de las organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas y movimientos sociales. La discusión debe estar libre de influencias corporativas, debe ser respetuosa de las leyes y decisiones internacionales que ya existen, basarse en el principio de precaución, y considerar las crisis globales concomitantes, como el hambre, la pobreza, la desigualdad, la pérdida de diversidad biológica, la destrucción de los ecosistemas, la contaminación atmosférica y la acidificación oceánica, y debe considerar el amplio rango de riesgos e impactos potenciales, más allá de las cuestiones climáticas, que pueden tener los experimentos y despliegue de la geoingeniería en el ambiente y en las sociedades.

No vemos esos criterios claros en el proyecto de resolución de Suiza. Consideramos que la resolución debe reformularse para:

1. Reconocer las decisiones tomadas por otros organismos de Naciones Unidas, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Convenio y Protocolo de Londres, como punto de partida y fundamento para las deliberaciones sobre cualquier mecanismo de gobernanza, y asegurar que las Decisiones y Resoluciones sean adoptadas por los Estados miembro en el CDB y CL/PL no sean socavadas o minimizadas;

2. Reconocer el principio de precaución como la directriz principal en cualquier ley de gobernanza ambiental;

3. Reflexionar y evaluar el amplio rango y los impactos multifacéticos de los experimentos y despliegue de las tecnologías de geoingeniería en el ambiente, pero también los profundos riesgos para las sociedades, y en particular para los países en desarrollo; para la seguridad alimentaria, la paz y seguridad internacionales, la democracia, para los pueblos indígenas, mujeres y niños;

4. Asegurar que el Grupo de Expertos Ad Hoc represente el conocimiento, los intereses y perspectivas de quienes serían los más afectados por la geoingeniería, incluyendo a los pueblos indígenas, mujeres, jóvenes y sociedad civil.

5. Asegurar que el Grupo de Expertos Ad Hoc no tenga conflictos de interés, como los intereses de las industrias de los combustibles fósiles, de inversionistas o grupos con intereses en compañías de geoingeniería u otras; o intereses comerciales, mediante el establecimiento de una robusta Política sobre Conflictos de Interés;

6. Establecer un proceso de revisión de múltiples etapas que permita a los gobiernos y la sociedad civil, en calidad de expertos, comentar sobre los borradores de la evaluación.

En un momento en que los experimentos a cielo abierto de geoingeinería están llevándose a cabo o se están planeando en Alaska, California y Nuevo Mexico en Estados Unidos, la necesidad más apremiante en la gobernanza global de la geoingeniería es fortalecer la moratoria existente sobre todas las actividades de la geoingeniería. Necesitamos una prohibición total sobre los experimentos a cielo abierto. Todos los esfuerzos deben comenzar allí.